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Flujos financieros ilícitos y economías ilegales: prioridades para una agenda regional

8 de septiembre de 2026 | Actividad

Crédito de fotografía: CEPAL y UNODC

Los flujos financieros ilícitos y las economías ilegales representan un desafío creciente para el desarrollo, la seguridad y la gobernanza democrática en América Latina y el Caribe. La expansión de redes criminales transnacionales y su inserción en sectores de la economía formal afectan las finanzas públicas, la actividad económica y la confianza en las instituciones, y exigen respuestas que superen enfoques exclusivamente sectoriales.

Estos desafíos estuvieron en el centro del seminario Flujos financieros ilícitos y economías ilegales: desafíos para una agenda de cooperación interinstitucional, organizado el 8 y 9 de septiembre en Santiago por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Para enmarcar la discusión, representantes de ambas agencias compartieron avances preliminares de un trabajo conjunto que se encuentra en desarrollo orientado a comprender mejor la magnitud y los impactos de las economías criminales en América Latina y el Caribe. En esta línea, señalaron que las estimaciones disponibles sitúan el lavado de activos entre el 2% y el 5% del PIB regional, mientras que la economía criminal podría representar entre el 11% y el 14% del PIB. Estas cifras plantean interrogantes fundamentales sobre la relación entre el crecimiento económico en la región y la expansión de actividades ilícitas, así como sobre la creciente interacción entre economías formales, informales y criminales. 

Durante su presentación, Francesco Forgione, exparlamentario italiano y expresidente de la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre la Mafia,  destacó que el crimen organizado puede trascender la comisión de delitos para constituirse en un sistema de poder capaz de controlar territorios, insertarse en circuitos económicos legales y disputar funciones que corresponden al Estado. Asimismo, destacó la relevancia de fortalecer herramientas como la extinción de dominio, entendida no solo como una medida penal sino preventiva, orientada a privar a las organizaciones criminales de los recursos que sostienen sus operaciones y su poder, y compartió la experiencia italiana en la reutilización social de bienes confiscados a la mafia, vigente desde 1996, que transforma propiedades ilícitas en recursos comunitarios y educativos para devolverlos a la sociedad.

Por su parte, el senador chileno Iván Flores García, presidente de ParlAmericas, participó aportando una perspectiva parlamentaria y regional sobre el crimen organizado transnacional y las oportunidades para fortalecer la cooperación entre instituciones y países, haciendo énfasis en el rol del sistema interamericano en la coordinación de respuestas coordinadas y eficaces. En este sentido, abordó la necesidad de cerrar brechas regulatorias y de cooperación aprovechadas por redes transnacionales y abordar los desafíos emergentes asociados a la creciente utilización de nuevas tecnologías por parte de las organizaciones criminales, incluyendo los cripto activos y sistemas financieros digitales, las herramientas de inteligencia artificial y las nuevas modalidades de falsificación documental, que están ampliando la capacidad de estos grupos para ocultar recursos, operar a través de fronteras y evadir mecanismos de supervisión y control. 

Durante su intervención, el senador Flores García reafirmó que estos desafíos forman parte del trabajo de la Red Parlamentaria de Seguridad de ParlAmericas, y de su hoja de ruta establecida en 2025 con un enfoque de seguridad humana y cooperación regional, y que los flujos financieros ilícitos también serán abordados en el marco del Segundo Encuentro de la Red Parlamentaria de Seguridad, que se llevará a cabo en Valparaíso, Chile el próximo octubre, para profundizar el diálogo sobre el papel de la acción parlamentaria para fortalecer políticas de seguridad pública eficaces, con apego al Estado de derecho, los derechos humanos y la protección de las personas y las comunidades.

Crédito de fotografía: CEPAL y UNODC