La creciente digitalización de la vida pública ha ampliado las oportunidades para la participación ciudadana y el debate democrático, pero también ha generado nuevos espacios para la reproducción y amplificación de la violencia y la discriminación. En este contexto, la violencia política digital por motivos de género se ha consolidado como uno de los desafíos más acuciantes para garantizar que las mujeres, en toda su diversidad, puedan ejercer plenamente sus derechos políticos en condiciones de libertad, seguridad e igualdad.

Con el propósito de fortalecer la labor parlamentaria para abordar este fenómeno, ParlAmericas reunió virtualmente a integrantes de su Red de Funcionarias y Funcionarios Parlamentarios para la Igualdad de Género en el diálogo “Violencia política digital de género: desafíos, tendencias y respuestas desde los parlamentos de América Latina”. La actividad convocó a especialistas y personal legislativo para explorar tendencias emergentes, compartir evidencia reciente y analizar experiencias institucionales orientadas a prevenir, identificar y responder a esta creciente forma de discriminación y violencia.

Durante el intercambio, se destacó que la violencia facilitada por las tecnologías adopta múltiples modalidades, entre ellas los discursos de odio y ataques misóginos, las campañas coordinadas de desinformación, la suplantación de identidad, el doxing, la difusión de contenido sexualizado sin consentimiento, la amplificación de mensajes manipulados mediante bots y cuentas falsas, así como la utilización de herramientas de inteligencia artificial para generar contenido manipulado o engañoso.

Las especialistas remarcaron que estas prácticas buscan desacreditar, intimidar y silenciar a las mujeres que participan en la vida política, limitando su acceso a los espacios de toma de decisiones y afectando así la calidad de la democracia. A su vez, subrayaron que los impactos de la violencia digital trascienden el entorno en línea y, con frecuencia, se traducen en amenazas, hostigamiento y otras formas de violencia en la vida cotidiana fuera del entorno virtual. En este sentido, se remarcó que la retirada de las mujeres de la vida pública debido a estos ataques no representa únicamente una pérdida individual, sino un debilitamiento de la democracia en su conjunto.

Sara Brochet, especialista en género del MESECVI/CIM/OEA, destacó la importancia de actualizar la legislación en materia de abordaje de las múltiples formas de la violencia de género, bajo la comprensión de que los derechos consagrados en la Convención de Belém do Pará deben ser protegidos también en los nuevos entornos digitales, reconociendo que estos espacios son hoy fundamentales para el ejercicio de la participación política. Asimismo, se analizaron los aportes de la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Digital contra las Mujeres basada en Género, particularmente en materia de prevención, atención, reparación y erradicación.

Por su parte, los hallazgos presentados por Marina Morena Caires, de Fundación Multitudes, surgidos de investigaciones realizadas en nueve países de América Latina, evidenciaron patrones persistentes de trivialización y deslegitimación de las mujeres en el debate público virtual. A través de un análisis forense digital de más de medio millón de interacciones verificadas, así como encuestas a mujeres políticamente activas – se identificaron ataques centrados en la apariencia física, la vida personal y los estereotipos de género, así como tácticas cada vez más sofisticadas para evadir los mecanismos de moderación de las plataformas digitales. Los resultados también demostraron que distorsionar la conversación pública, debilitar las condiciones para una competencia política justa y generar costos adicionales para las mujeres candidatas, parlamentarias y sus equipos, genera impactos directos sobre la calidad del debate democrático y sobre las condiciones para una participación política informada por parte de la ciudadanía.

Entre los principales desafíos identificados se encuentran la insuficiencia de los mecanismos de denuncia y protección existentes, así como la falta de respuestas oportunas por parte de las plataformas digitales, instituciones públicas, autoridades electorales y organizaciones políticas.

El diálogo recuperó además experiencias institucionales de los parlamentos de Argentina, México y Uruguay, donde se están impulsando iniciativas de monitoreo y recopilación de datos, reformas legislativas para abordar la violencia política contra las mujeres, mecanismos de seguimiento y revisión de protocolos, así como medidas para fortalecer la igualdad de género, los derechos humanos y una cultura organizacional inclusiva en los poderes legislativos.

Las y los participantes coincidieron en que los parlamentos tienen un papel estratégico en la elaboración de respuestas integrales frente a la violencia política digital de género. Entre las prioridades identificadas se destacaron el fortalecimiento de los mecanismos de denuncia y protección, la coordinación con autoridades electorales y plataformas digitales, la recopilación sistemática de datos, la capacitación de partidos políticos y la adecuación de los marcos normativos para garantizar mecanismos eficaces de prevención, sanción y reparación frente a la violencia digital por motivos de género. El intercambio reafirmó que proteger el derecho de las mujeres a participar plenamente en la vida política, tanto en espacios presenciales como digitales, es una condición indispensable para consolidar democracias más inclusivas, representativas y resilientes.

Este encuentro fue posible gracias al generoso apoyo del Gobierno de Canadá, a través de Asuntos Globales Canadá.